jueves, 26 de enero de 2012

Apuntes sobre el Perú Oligárquico (1895 – 1968)[1]











A finales del siglo XIX y los inicios del XX, el Perú va a configurar su economía y sociedad de acuerdo al contexto internacional: la expansión del dominio capitalista por medio del imperialismo[2]. El Perú se adecuó a su papel dentro de la división internacional del trabajo: un país pobre que tiene que sacar provecho a sus potencialidades, que vienen a ser la exportación de materias primas hacia el mundo industrializado y de proveer de mercados para la expansión económica de Occidente[3].

Fue en este contexto donde en la economía peruana se va a consolidar la propiedad terrateniente, tanto en la costa como en la sierra. En la región costeña vemos la actividad agro-exportadora de las haciendas combinando métodos del capitalismo moderno y de la economía tradicional (yanaconaje y trabajo gratuito)[4]. En la zona andina se comprueba un incipiente desarrollo del mercado interno a consecuencia del sistema de haciendas que ataba al campesinado al trabajo gratuito y a la tierra, reforzando la situación económica pre moderna y bajo desarrollo productivo. Un proceso que se va a iniciar a finales del siglo XIX fue el impulso del capitalismo, con las nuevas relaciones sociales que aparecían con las fábricas de las ciudades y con las empresas mineras; pero se debe resaltar que esta formación capitalista no era predominante dentro de la economía y dependía de la inversión de los monopolios extranjeros y en menor medida de empresarios nacionales. En el transcurso del siglo XX (principalmente a partir de 1930) las formas económicas tradicionales van a entrar en un estancamiento, mientras el capitalismo (de carácter dependiente y malformado) se va expandiendo, por medio de la creación de industrias y la actividad bancaria; llegando a su consolidación con el proceso de reformas que iniciaron los militares a partir de 1968.

La sociedad peruana tendrá una configuración más definida con la nueva situación económica, con el predominio de la oligarquía terrateniente – comercial como clase dominante, aliándose con la burguesía mercantil (industriales, banqueros y especuladores) y los hacendados de la sierra (gamonales), con fin de mantener el control social y su dominio económico sobre las mayorías del país (obreros y campesinos). Hubo momentos de la historia del Perú contemporáneo donde la oligarquía fue variando su grado de control sobre el Estado, siendo los más destacados. 

a)    Monopolio de la oligarquía en el poder del Estado (durante la llamada “República Aristocrática” de 1895 – 1919, los gobiernos militares de la década de 1930 y el “Ochenio” de Odría en 1948 – 1956).
b)   Donde la oligarquía tuvo que compartir el poder con la burguesía mercantil (en la década de 1920 con Augusto B. Leguía, y los dos gobiernos de Manuel Prado y Ugarteche de 1939 – 1945 y 1956 – 1962).
c)    Cuando momentáneamente se vio desplazada del poder político, pero manteniendo su poder económico y su influencia social (durante la “Primavera Democrática” de 1945 – 1948, y el Primer Belaundismo de 1963 – 1968). 

Las clases populares, ante la situación de explotación económica y marginación social, van desarrollando respuestas autónomas contra los sectores dominantes, expresándose en la organización de movimientos sociales de orientación “clasista”, es decir, conjunto de sindicatos, federaciones, confederaciones y asociaciones que tienen como objetivo defender los intereses colectivos de los trabajadores denunciando y oponiéndose a la clase dominante. Las acciones de paro, huelga, protesta y toma de fábricas se vuelven una constante en la sociedad peruana, y con ello también la represión que ejercen las clases acomodadas a través de la policía (Gendarmería y posteriormente Guardia Civil) y el Ejército nacional, sus elementos armados. En 1929, las principales federaciones obreras unen esfuerzos para una coordinación mayor, formando la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), y mientras los hombres del campo formaran en 1947 la Confederación Campesina del Perú (CCP); ambos inspirándose en ideas revolucionarias que proponían cambiar de forma radical las estructuras del país. Con el transcurrir del siglo XX, estas organizaciones van a ir tomando fuerza y se vuelven en los representantes legítimos de las clases populares, llegando a una fuerte actividad de protesta durante la década de 1960, coincidiendo con la crisis del Estado oligárquico[5].

Dentro de las ideas políticas encontramos avances y discursos más elaborados, tanto para la defensa como para la crítica del sistema social. En el sector que se le considera conservador (entendiendo a aquellos que se oponen al cambio estructural del Perú) encontramos la influencia filosófica del positivismo y espiritualismo a inicios del siglo XX, expresando que solo los descendientes de la elite criolla (con una ética cristiana) podría dirigir los asuntos de la nación, mientras que el campesinado indígena es un lastre para el progreso y el “avance” de la civilización, destacando con estos planteamientos Javier Prado, José de la Riva Agüero, Víctor Andrés Belaunde y Alejandro Deustua[6]. A partir de 1930, algunos intelectuales ligados a la clase dominante, radicalizan sus planteamientos políticos, y asumen posturas fascistas (cuya expresión política es la Unión Revolucionaria, agrupación de tendencia autoritaria). Los discursos de derecha a partir de los años 40 empiezan a teñirse de un ultra liberalismo personificado en la figura de Pedro Beltrán Espantoso, dueño del diario La Prensa, difundiendo el odio y estigmatización contra los movimientos sociales, y la defensa de los propietarios con el argumento de “proteger” los intereses “nacionales”. En las décadas de 1950 y 1960, va a ser el aprismo (quien anteriormente propagó la idea de una revolución anti feudal y anti oligárquica) quien se convierte en el portavoz de las clases dominantes. 

Mientras que los sectores críticos, comienzan su desarrollo gracias a las ideas políticas de Manuel Gonzales Prada. Para la década de 1920, las ideas se van plasmando en la práctica política con la formación de los partidos de masas: el APRA (dirigido por Víctor Raúl Haya de La Torre) y el Partido Comunista (fundado por José Carlos Mariátegui en 1928). Estas agrupaciones plantean la necesidad del cambio revolucionario en el Perú, y se identifican como principales enemigos al imperialismo norteamericano y la oligarquía terrateniente. La discusión entre apristas y comunistas gira en torno al grupo dirigente de la revolución (la clase media para los primeros; la clase obrera para los segundos), y al tipo de revolución y sistema social a imponer (democrática – nacionalista hacia un capitalismo de Estado, según Haya; socialista – proletaria con el objetivo final del comunismo, según Mariátegui). A partir de los años 40 el APRA comienza a experimentar un proceso de “derechización”, mientras que el Partido Comunista a la muerte de Mariátegui es desorientado de sus objetivos iniciales. En los años sesenta, nuevas fuerzas políticas van apareciendo, y son las que dirigen en cierta forma los movimientos sociales de aquella época, como la nueva izquierda (MIR y Vanguardia Revolucionaria) y las fracciones de orientación maoísta que surgen en la reestructuración del Partido Comunista.

En el plano de las mentalidades colectivas, varios aspectos de la vida cotidiana de los peruanos estaban saturados de formas pre-modernas que fueron heredados del sistema colonial (ss.XVI – XIX), y se muestran comportamientos sociales ajenos al individualismo capitalista, como lo es la tendencia de “proteger y ser protegido” y de ascender socialmente por medio de relaciones personales a cambio de favores. Todos estos valores son difundidos por la clase dominante con el objetivo de formar una mentalidad señorial parametrada en los sectores populares, y así evitar un desarrollo de conciencia que le haga comprender la realidad social. Estas características estaban más arraigadas en los sectores rurales, donde el campesino tendía a desarrollar una baja autoestima al estar sujeto a la dominación ideológica. Los historiadores Carlos Lazo y Javier Tord fundamentan con respecto a la mentalidad del campesinado: “Su visión de la realidad se hallaban estrictamente supeditada a los prejuicios del privilegio. Creían pensar con independencia cuando en verdad obedecían a una conciencia social integradora, que no era otra que los parámetros mentales de la clase dominante”. A ello hay que agregarle la mentalidad racista y excluyente dirigida hacia los sectores indígenas y rurales, menospreciando su cultura, sus costumbres, su idioma, y sus comportamientos sociales; aunque para la década de 1950 se fue rompiendo de a poco con la subjetividad racista, pero está siguió y sigue siendo implícita en nuestra mentalidad, pensando que los indios campesinos son de una naturaleza deficitaria y que solo eran buenos para el trabajo de la tierra. Los hacendados tendían a menoscabar la autoestima del indígena con argumentos como: “escribiendo sobre indios, nadie puede tener éxito. Los indios no poseen una vida digna de narrarse”[7].     

Fue así como se ha desarrollado un análisis estructural del Perú contemporáneo (hasta 1968), para llegar a una conclusión: que el carácter de la sociedad es semifeudal (predominio de una economía, elementos sociales y mentalidades pre modernas) y semicolonial (con la formalidad de nuestra soberanía  y por el dominio económico que ejerce el capital imperialista). Ahora se va a dar énfasis en algunas particularidades de los momentos de la historia del Perú contemporáneo, los cuales son de vital necesidad conocerlos para una comprensión cabal del tiempo histórico que estamos estudiando.


LA “REPÚBLICA ARISTOCRÁTICA” (1895 – 1919)

Es el momento de la historia del Perú donde se van a establecer los patrones socio-económicos que van a permitir al país insertarse a la economía mundial, cumpliendo el papel de exportador primario; haciendo que la economía nacional dependencia de las necesidades y fluctuaciones del capitalismo inglés. La agro exportación fue la principal actividad durante la República Aristocrática, destacando los productos como el azúcar (cultivado en las haciendas de la costa norte) y el algodón (producido en la costa central – sur, principalmente en los valles de Ica). A ello debemos agregar la explotación de yacimientos mineros por parte de empresarios extranjeros, principalmente en Cerro de Pasco; la exportación de lanas en la sierra sur, dirigida por la casa Rickerts (que tuvo como centro comercial a la ciudad de Arequipa); y la extracción del caucho en la región amazónica, elemento vital para la naciente industrial automotriz de Europa. La dinámica de nuestra economía hizo que muchos de los elementos tradicionales (siendo la hacienda su forma principal) continúen y refuercen su importancia dentro de la producción, impidiendo una verdadera modernización del aparato económico. A esto hay que agregarle la existencia de formas de trabajo de carácter señorial, como lo fue el yanaconaje en las zonas andinas, y el enganche, una nueva forma de atar al trabajador en la labor de la hacienda costeña, garantizando su perpetuidad en el trabajo productivo.  No olvidemos el surgimiento de un capitalismo dependiente a finales del siglo XIX, fortaleciendo a una clase social que estaba en pleno crecimiento: la burguesía mercantil.

La sociedad de aquel tiempo se fue fijando métodos más desarrollados de diferenciación social, estableciendo los estamentos (típico de una sociedad de “antiguo régimen”), basándose en el origen social y las relaciones de parentesco, donde la clase dominante (la oligarquía) se autoproclamaba como descendiente de la aristocracia colonial criolla, y por lo tanto, legítima de ejercer el poder y dirigir al país. Por ello se hablaba que el Perú era gobernado por las “grandes cuarenta familias”, que conformaban una aristocracia cerrada y excluyente[8] con el resto de la sociedad, principalmente con los trabajadores pobres y los pobladores indígenas. En la sierra se erigía como clase dominante los gamonales, conjunto de señores feudales con amplios poderes sociales y políticos en vastas regiones, y son los responsables del sometimiento servil de los campesinos, reforzando los mecanismos de explotación. La burguesía mercantil (como apéndice del capitalismo extranjero) se alía con la oligarquía con el fin de crecer económicamente, por medio de la actividad comercial (intermediarios), la incipiente industria (principalmente en el rubro de textiles) y las transacciones bancarias (con los prestamos y ahorros relacionados a la actividad agro exportadora). En los sectores medios, destacan los profesionales, estudiantes universitarios y pequeños comerciantes, los que conforman una pequeña burguesía que es restringida de derechos políticos y de ascenso social, por ello este grupo social tienden a criticar el sistema oligárquico. Las clases populares eran representadas principalmente por los obreros (nueva clase social surgida con la actividad del capitalismo incipiente) y los campesinos, en su mayoría indígena, que representaba el 70% de la población peruana, y que sus condiciones de vida estaban por debajo de los trabajadores rurales de Colombia, Brasil, Argentina y Uruguay.

A nivel político se observa la hegemonía del Partido Civil, que llega al poder en varias ocasiones en el periodo de 1899 – 1919; por aquel motivo al momento que estamos analizando en estas páginas también se le conoce como “segundo civilismo”, una continuidad de gobiernos civiles, elegidos “democráticamente” (se resalta esta palabra ya que solo una minoría letrada y propietaria podía participar en los procesos electorales). En un principio, el civilismo tuvo que llegar a un acuerdo con el Partido Demócrata (dirigido por el caudillo Nicolás de Piérola) para llegar al poder, algo que fue posible con el mismo Nicolás de Piérola (1895 – 1899) y Eduardo López de Romaña (1899 – 1903). La alianza se empezaría a romper en la primera década del siglo XX con las administraciones civilistas de Manuel Candamo (1903 – 1904), José Pardo y Barreda (1904 – 1908) y las contradicciones se llegan a antagonizar en el gobierno de Augusto B. Leguía (1908 – 1912) con la rebelión de los pierolistas en 1909. El Partido Demócrata cambia de estrategia con un mayor acercamiento a los trabajadores urbanos y con promesas populistas, teniendo como nuevo dirigente a Guillermo Billinghurst, que logra derrotar al representante del Partido Civil Antero Aspíllaga (uno de los “barones del azúcar”) en las elecciones de 1912; pero su política de concesiones a la clase trabajadora generó recelos en los sectores más conservadores de la oligarquía y estos impulsaron un golpe de Estado dirigido por el general Oscar R. Benavides en 1914, restaurando de esta forma el poder civilista con la elección de José Pardo y Barreda en 1915. Para finales de la década de 1910 el civilismo ya mostraba signos de desgaste político, cuando se vio incapaz de detener la crisis económica después del auge exportador de la Primera Guerra Mundial y el avance de los movimientos sociales[9]. Fue así como la burguesía mercantil, decide tomar el poder en alianza con los sectores más moderados de la oligarquía, aniquilando la “República Aristocrática” con el golpe de Estado que encabeza Augusto B. Leguía en 1919.

EL “ONCENIO” DE LEGUÍA Y BURGUESÍA MERCANTIL (1919 – 1930)

La década de 1920 es de vital importancia para el proceso del Perú contemporáneo, pues fue en este tiempo que se emprende la primera reestructuración del Estado, con el fin de reforzar  los métodos de dominación social, consolidar en el poder a la burguesía mercantil y dar mayores condiciones para la introducción del capital extranjero, ahora norteamericano, pues Gran Bretaña se encontraba en crisis después de la guerra, y se vio desplazada por los Estados Unidos como potencia económica mundial. La reestructuración del Estado se vio personalizada en Augusto B. Leguía, un hombre de finanzas y ligado a los grandes bancos norteamericanos, y con un estilo autoritario y populista. Para realizar las reformas que favorecieron a la burguesía mercantil tuvo que recurrir a la continuidad del poder, elaborando una nueva constitución (de la 1920) donde permitiría la reelección presidencial. El “Oncenio” o “Patria Nueva” sería el régimen que marcaría la tendencia del Perú contemporáneo con respeto a las relaciones con el capitalismo norteamericano y por el consenso encontrado entre las clases dominantes contra el crecimiento del movimiento social[10].

En el primer periodo de su mandato (1919 – 1923) Leguía emprendió una lucha contra el poder político oligárquico, principalmente contra el Partido Civil culpándolo de la crisis que atravesaba el país. El gobierno supo atraerse de forma demagógica el apoyo de la clase media y de un sector de obreros y campesinos, con el fin de aislar políticamente al civilismo, pues este último se proyectaba como oposición a los proyectos de la “Patria Nueva”. La burguesía mercantil era aun un grupo de poder económico débil, necesitado de recursos para ejercer el poder, los cuales solo le podrían brindar el capital norteamericano, y es lo que justamente sucedió. El Estado peruano solicito a la banca de EE.UU. préstamos entre 2 a 25 millones de dólares en el lapso de 1921 a 1929. Los recursos de los préstamos van a ser utilizados en reformar la estructura del Estado, fortalecer una burocracia fiel al presidente, realizar obras públicas, e iniciar políticas demagógicas para ganarse el apoyo de las clases populares. De igual forma logró un control efectivo del Ejército y lo convirtió en su principal instrumento para mantenerse en el poder. Gracias a la dependencia con el capital norteamericano, se inicia un nuevo “boom” exportador, donde se recupera los niveles que se llegó durante la primera guerra mundial, pero esta vez van a destacar elementos como los minerales y el petróleo.

La segunda etapa de la “Patria Nueva” (desde 1923) se caracteriza por una tendencia dictatorial y represiva, donde Leguía apagó a sangre y fuego cualquier muestra de descontento en su contra. Comenzó a recompensar a los empresarios norteamericanos con las concesiones de los principales recursos naturales como sucedió con el Petróleo (firma del Laudo de París en 1922) y los minerales (formación de enclaves mineros, propiedad de capitalistas de EE.UU.); así como el cede de la administración de los ferrocarriles a la Peruvian Corporation de por vida. La corrupción llegó a niveles desproporcionados, gracias a los recursos que eran enviados de EE.UU. y que no había ninguna entidad que regularizase el dinero obtenido. Con el fin de incorporar a los campesinos indígenas al “trabajo productivo” y a “integrar la nación” se implantó la Conscripción Vial, donde los campesinos varones de 18 a 60 años tenían que cumplir trabajos en construir caminos y carreteras, siendo denunciada por José Carlos Mariátegui como la “Mita repúblicana”. En el aspecto internacional, Leguía (en acuerdo con el imperialismo norteamericano) tuvo que ceder los territorios del Trapecio Amazónico a Colombia (Tratado Salomón – Lozano de 1922) y Arica a Chile (Tratado Rada – Figueroa de 1929), lo que generó ciertos recelos con los sectores opositores (civilistas). En síntesis, la “Patria Nueva” utilizó la fórmula política de Represión – Autoritarismo – Populismo con el fin de perpetuarse y monopolizar el poder, y garantizar cierta estabilidad del sistema social.

Todas estas condiciones fueron propicias para el surgimiento de nuevas ideas políticas, que van a estar orientadas a criticar al sistema oligárquico, el papel de la burguesía mercantil (como parasitaria y desinteresada en un verdadero desarrollo del país) y el dominio imperialista; proponiendo un cambio revolucionario de tendencia radical. Fue así como surgió en el ámbito político Víctor Raúl Haya de la Torre con la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) en 1924 y José Carlos Mariátegui con el Partido Comunista del Perú (PCP) en 1928[11]. A pesar de sus coincidencias, tuvieron una polémica sobre varios puntos para llevar la revolución en el Perú. Para Haya, la clase dirigente deberían ser los intelectuales, organizados en un Frente pluriclasista (APRA) con el objetivo de nacionalizar las principales empresas extranjeras y realizar una reforma agraria. En cambio para Mariátegui, debe ser la clase obrera y su vanguardia (Partido Comunista) que deben dirigir la revolución, en una alianza estratégica con el campesinado indígena, y con el fin de realizar cambios democráticos (nacionalizaciones, reforma agraria) para pasar posteriormente a construir un Estado socialista, tomando como modelo a la URSS. Las masas trabajadoras van a tomar posición por el APRA o por el PCP, pues representaban los ánimos de cambio social que necesitaba el país. 

La crisis mundial del capitalismo de 1929, con la caída de la bolsa de valores de Nueva York, generó la quiebra de las grandes empresas norteamericanas, y por consiguiente, dejando a las exportaciones peruanas en el aire, causando un desplome de precios y grandes pérdidas de la clase propietaria. La actividad bancaria queda paralizada porque esta dependía en todo sentido del capital norteamericano, y los enclaves estadounidenses muestran una debacle económica[12]. En pocas palabras, la crisis que sufría los Estados Unidos afectó de forma significativa al Perú por su condición de dependencia económica. El desempleo, el estancamiento del comercio y los tumultos sociales, generaron el colapso final del “Oncenio”, que se vio arrinconado en agosto de 1930, ante la rebelión militar del teniente coronel Luis M. Sánchez Cerro, que fue apoyado por los sectores oligárquicos más conservadores, que tenían como objetivo detener el avance de los movimientos sociales y de grupos radicales, personificados en el APRA y el Partido Comunista.

MILITARISMOS Y LUCHAS SOCIALES[13] (1930 – 1956)

La década de 1930 va estar caracterizada por una serie de gobiernos militares pro oligárquicos que van a iniciar una dura represión contra los movimientos populares y los partidos políticos revolucionarios con la finalidad de preservar los privilegios de la clase dominante. Había motivos de preocupación para la oligarquía, pues la situación económica era catastrófica a consecuencia del crack de 1929, que a la vez generaba un fuerte descontento social, expresándose en las protestas obreras y en la agitación política de apristas y comunistas. A partir del golpe militar de Sánchez Cerro el Perú vivió un breve periodo de anarquía política hasta 1931, cuando una junta de gobierno (dirigida por David Samanez Ocampo) convoca a elecciones presidenciales y para una asamblea constituyente. Estas elecciones fueron de fuerte polarización, pues las viejas y nuevas fuerzas políticas van a chocar. Por su parte estaba Sánchez Cerro con su partido Unión Revolucionaria (agrupación pro oligárquica con visos fascistas) que pregonaba la defensa de la propiedad privada, la Iglesia y el orden social; mientras que Haya de la Torre, con el APRA, proponían un programa de reformas moderadas, aglutinando con este discurso a los sectores medios y a los trabajadores sindicalizados. Los resultados favorecen a Sánchez Cerro, mientras que los apristas alegan fraude electoral en medio de un clima de fuerte convulsión social.

Para 1932 la situación llegó a momentos críticos al estallar una guerra civil entre el APRA y el gobierno con la rebelión de Trujillo dirigida por el “búfalo” Barreto. Sánchez Cerro ordenaría bombardear la ciudad del norte causando aproximadamente 4 mil víctimas, la ejecución posterior de centenares de militantes apristas, y el encarcelamiento y la deportación de los principales dirigentes del APRA, incluido Haya de la Torre. La crisis política finalizaría en 1933 con el asesinato de Sánchez Cerro a manos de un militante aprista, sucediéndole en el poder Oscar R. Benavides, quien va a luchar contra el APRA y los agitadores sociales no con represión (como lo hizo Sánchez Cerro) sino con una política asistencialista y populista (la misma que utilizó Leguía) con el fin de ganar base social dentro de los obreros y los pobres urbanos, neutralizando de esta forma el accionar político del APRA. En 1936 se convoca a elecciones, donde sale ganador Luis A. Eguiguren, con el voto aprista, y esto es aprovechado por Benavides para desconocer los resultados y establecer una prorroga a su mandato hasta 1939. La década de 1930 nos muestra claramente la falta de capacidad que tenía la oligarquía para lograr un consenso político en la sociedad como lo hizo en la “República Aristocrática”, y el crecimiento de un sentimiento anti oligárquico dentro de los sectores populares. 

En los años cuarenta vamos a tener un nuevo panorama, pues el sector más conservador de la oligarquía terrateniente es desplazado, para dar lugar a una alianza de banqueros y de la oligarquía comercial, personalizada en Manuel Prado y Ugarteche (1939 – 1945) quien recibió el apoyo tácito del APRA y el Partido Comunista, pues lo consideraban como un “representante de la burguesía nacional”. Un proceso muy interesante que se inicia en la década de 1940 fue una incipiente industrialización del país con el fin de impulsar el mercado interno, haciendo posible el crecimiento económico de la burguesía mercantil[14]. El contexto se tornó favorable para los comerciantes peruanos por el estallido de la Segunda Guerra Mundial, gracias a la relación de dependencia con los Estados Unidos pues las exportaciones aumentan, recuperando en 1943 los niveles económicos de 1928. Un acontecimiento que resultó favorable al gobierno de Manuel Prado fue el estallido del conflicto con Ecuador en 1941, pues ello fue aprovechado políticamente por los sectores dominantes para ejercer una mayor influencia sobre las clases medias y bajas a través de un discurso nacionalista; lograda la victoria en el conflicto, los principales beneficios políticos se los llevó el presidente y el general Eloy Ureta, el cual se estaba perfilando como carta electoral de la oligarquía para las elecciones de 1945.

Pero no fue la oligarquía la que obtuvo el triunfo electoral de 1945, gracias a una coalición de los sectores medios, una fracción de la burguesía mercantil, el APRA y la izquierda conocida como Frente Democrático Nacional, encabezado por el abogado José Luis Bustamante y Rivero. La coalición mostraba una expresión anti oligárquica dispuesta a democratizar el país, realizando reformas que impulsen el desarrollo del capitalismo en contraposición a los hacendados. El Frente logra la victoria, pero apenas se llega al poder, ya se evidencia roces entre Bustamante y el APRA por designación de ministros y cuotas de poder. La crisis económica posterior a la Segunda Guerra Mundial (las exportaciones sufren una fuerte baja), la política proteccionista del gobierno con la fijación de precios (que perjudica a los banqueros y comerciantes), las nuevas convulsiones sociales (aparición de nuevos sindicatos y mayor actividad huelguística) y las ambiciones del APRA por controlar el aparato estatal, hicieron del gobierno de Bustamante un periodo altamente inestable[15].

La “Primavera democrática”, nombre por el cual es conocido el intento democratizador de Bustamante y del Frente Democrático Nacional, llegó a su fin en 1948, con un golpe militar auspiciado por la oligarquía terrateniente, encabezado por el general Manuel Odría. Su movimiento no pudo haberse llamado mejor: “La revolución restauradora”.   La primera medida de la nueva dictadura militar fue la persecución de apristas y comunistas, poniéndolos fuera de ley, y desactivar las medidas de Bustamante con respecto a política económica. Se aplica un liberalismo económico que tiende a favorecer a los propietarios agro exportadores, teniendo como principal representante político a Pedro Beltrán, dueño del diario La Prensa y portaestandarte de la derecha peruana. A partir de 1950 se va a experimentar un nuevo auge de las exportaciones, gracias a la necesidad de Estados Unidos de materias primas por la situación de la Guerra de Corea (1950 – 1953), generando nuevas entradas para el Estado, que son invertidas en obras públicas y en políticas asistencialistas como el establecimiento de salarios fijos para los trabajadores. Una de las características de la década de 1950 es un nuevo impulso del capitalismo foráneo en el Perú, con mayor presencia de empresas mineras y petroleras, y con la reducción de aranceles a los productos industriales importados por el Perú. Ante una nueva crisis económica y social hacia 1953 – 1955, la oligarquía quita su respaldo a Odría, y este se ve obligado a llamar elecciones para 1956, donde sale ganador Manuel Prado y Ugarteche.

CRISIS DEL ESTADO OLIGÁRQUICO (1956 – 1968)

A mediados de la década de 1950 el Perú atravesaba cambios sociales que habría de tomar en cuenta para el desenvolvimiento político de los siguientes años. Los más importantes fueron los primeros resultados de la profundización del capitalismo que se estaba viviendo desde 1945 como lo es el proceso de industrialización (aunque la industria fuese un apéndice del capital norteamericano), el crecimiento de los sectores medios (en especial los profesionales de carrera universitaria), la ampliación del proletariado urbano (una consecuencia de la industrialización) y la formación de barriadas alrededor de las grandes ciudades del país (en especial Lima) a causa de la migración del campo a la ciudad. En relación a este proceso, el régimen señorial de la zona andina comienza a colapsar ante el crecimiento del mercado interno y el rechazo campesino a continuar siendo el sostén del sistema de haciendas y del gamonalismo, que se expresó en dos facetas: a) La huida de campesinos de las haciendas serranas y su migración a las ciudades para tener mejores condiciones de vida; b) La confrontación directa con los hacendados y gamonales por el control de tierras y por la defensa de las comunidades campesinas, haciendo de la sierra un nuevo polvorín social, donde la clase propietaria se encontraba en una situación especialmente difícil.

La oligarquía, desgastada políticamente, necesitaba un nuevo impulso y tratar de contener al movimiento social, por ello concertó con el APRA para las elecciones de 1956, donde Manuel Prado obtuvo la victoria gracias al voto aprista. La “Convivencia” apro – pradista de 1956 – 1962 fue el último gobierno pro oligarca de la historia contemporánea peruana, y la alianza con el Partido Aprista no era en vano: Ante el crecimiento de la inversión extranjera, los empresarios (principalmente norteamericanos) necesitaban un clima de estabilidad social para el mejor desenvolvimiento de sus negocios, y aquel control sobre los trabajadores, que era tan necesitado por la oligarquía y la burguesía mercantil, lo podía garantizar el aprismo bajo las promesas populistas y desviando la lucha obrera hacia una colaboración con la clase propietaria. Al principio esta fórmula le resultó al régimen de la “Convivencia”, el descontento de las clases medias y populares ante un gobierno pro terrateniente y pro imperialista, se van generando nuevas opciones políticas que van desplazan al APRA de los movimientos sociales. Dentro de la clase media tenemos el surgimiento de nuevos partidos reformistas que pregonaban una transformación burguesa del Perú a través del sistema democrático, destacando Acción Popular, la Democracia Cristiana y Movimiento Social Progresista. Mientras que los obreros y estudiantes universitarios van a experimentar un proceso de radicalización, acercándose y asumiendo los planteamientos de la izquierda revolucionaria.

Para 1957, la economía entró nuevamente en proceso de recesión, que fue relativamente solucionado con las recetas liberales de Pedro Beltrán, ahora premier y ministro de economía de la “Convivencia”, que permitió salvaguardar de los agro exportadores e comerciales a costa de eliminar los subsidios y el control de los precios, que perjudicó a las clases populares. Para finales de la década de 1950 se va a vivir un nuevo “boom” de las exportaciones, resaltando los minerales, el azúcar (por la pérdida norteamericana de sus enclaves agrícolas en Cuba, como consecuencia de la revolución castrista) y principalmente la harina de pescado, convirtiendo al Perú en el primer productor de este último rubro y beneficiando a los especuladores y a empresarios pesqueros (sea nacionales como extranjeros). La economía de la sierra, por su parte, estaba sufriendo un fuerte proceso de descomposición por la continuidad de métodos arcaicos de producción y la insistencia de los hacendados de mantener el trabajo gratuito campesino, no modernizando las relaciones sociales y estancando la productividad de las haciendas, haciendo que la pobreza del campesinado se valla acrecentando al igual que su descontento hacia el sistema social de explotación, siendo una de las razones principales de las protestas campesinas expresadas con la ocupación de tierras a finales de los cincuenta e inicios de los años sesenta.

Un elemento que debemos analizar son los cambios que experimentaron la Iglesia Católica y el Ejército, las dos instituciones más antiguas de la república y que tenían cierto prestigio social. Ambos dejan de ser los defensores acérrimos de la oligarquía para convertirse en los nuevos portavoces del reformismo, teniendo una visión más allá de los hechos inmediatos: Que la insistencia en las formas oligárquicas y feudales de explotación podrían generar en el Perú una revolución social que destruiría el Estado. En el caso de la Iglesia, su principal preocupación es la expansión del comunismo ateo, y este se debe combatir erradicando los males sociales que le sirven como argumento para su accionar político; por ello la Iglesia va realizando labores sociales a favor de los pobres, principalmente entre los campesinos y las barriadas de las ciudades. Mientras que en el Ejército, los jóvenes oficiales egresados del CAEM (Centro de Altos Estudios Militares) proponen una vía “desarrollista” del país: realizar reformas moderadas, incentivar la industria nacional e impulsar una mayor participación del Estado dentro de la economía con el fin de maquillar los problemas sociales y evitar la expansión de la izquierda revolucionaria. Estas posiciones reformistas van a tener fuerte arraigo en los sectores medios y van a criticar al Estado oligárquico.

Las elecciones de 1962 serían de crucial importancia, pues las fuerzas anti oligárquicas se aglutinaron en la candidatura de Fernando Belaunde (líder de Acción Popular), mientras los sectores más conservadores formaron la Unión Nacional Odriísta (UNO) que promovieron al general Manuel Odría, y por su parte el APRA representó al oficialismo pradista con la candidatura de Víctor Raúl Haya de la Torre. Ante una posible victoria aprista en las elecciones (pues llegado al poder Haya gobernaría a favor de los grandes oligarcas), las Fuerzas Armadas, de forma institucional, dan un golpe de Estado a Manuel Prado, argumentando fraude electoral, con el fin de evitar un continuismo oligarca, lo que generaría mayores conflictos sociales y una radicalización del discurso de Izquierda. La Junta Militar de 1962 emprendió proyectos pilotos reformistas y garantizó las condiciones para el ascenso de Belaunde, representante del reformismo. Las nuevas elecciones de 1963 tuvieron como ganador a Acción Popular con Fernando Belaunde, pero con una minoría parlamentaria, que más adelante sería una fuerte limitación para emprender las reformas.

La administración de Belaunde (1963 – 1968) sería un periodo de crisis de la oligarquía y de un desprestigio total en la sociedad, pues sus representantes políticos (APRA y UNO) van a formar una coalición derechista (la “superconvivencia”) para controlar el parlamento y neutralizar cualquier intento de reforma del gobierno de Acción Popular, lo que generó grandes descontentos de la clase media y los sectores populares. Como grupo social, la oligarquía ya había perdido legitimidad para ejercer el poder sobre la sociedad, pues la defensa de sus
privilegios señoriales estaba en total contraposición con el desarrollo del país y con los intereses de las mayorías. Además, su alianza con el capital extranjero, generó fuertes recelos nacionalistas, haciendo que sea calificada como “agente del imperialismo norteamericano”. A esto le podíamos agregar su forma de vida holgada y despilfarradora, y su exclusión y menosprecio a otros sectores sociales que no pertenecen al círculo de las “grandes familias” y el “Club nacional”, no teniendo en cuenta que la sociedad peruana había sufrido cambios y los sectores populares cada vez obtenían una conciencia más autónoma, rompiendo con la ideología envolvente señorial que tuvo resultados desde el régimen colonial hasta la República Aristocrática.

La crisis económica de 1966 – 1967, el avance de las fuerzas populares (expresadas en huelgas, protestas y toma de haciendas), el surgimiento de las guerrillas de izquierda durante la década de 1960, la incapacidad de Belaunde en plasmar las reformas y la obstinación de la oligarquía en la defensa del latifundio y los privilegios; hicieron que las Fuerzas Armadas, que ahora representaban los intereses de la fracción “desarrollista” de la burguesía mercantil, que se convertiría en una “burguesía burocrática”, derrocaran a Belaunde en 1968 e inicien un proceso de reformas con el fin de contener a los movimientos sociales y evitar el estallido de la revolución social en el Perú. 





[1] El presente trabajo trata de dar una panorama general del Perú contemporáneo, por ello se utilizó tres trabajos síntesis sobre este periodo. Los textos son: Clases, Estado y nación de Julio Cotler; Nación y sociedad en la historia del Perú de Peter Klaren; e Historia del Perú contemporáneo de Carlos Contreras y Marcos Cueto (los tres trabajos son publicados por el Instituto de Estudios Peruanos).
[2] Para profundizar el tema del imperialismo como sistema económico mundial ver V. I. Lenin, Imperialismo, fase superior del capitalismo (Editorial Progreso, 1975) y Eric J. Hobsbawm, La era del imperio 1875 – 1914 (Editorial Grijalbo, 1987).
[3] La dependencia económica de los países latinoamericanos lo podemos ver en Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano. Para el caso peruano se puede consultar a José Carlos Mariátegui, Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana (Biblioteca Amauta, 1995), Julio Cotler, Clases, Estado y Nación en el Perú (Instituto de Estudios Peruanos, 1978) y Carlos Malpica, Los dueños del Perú (ediciones PEISA, 1970).
[4] Un trabajo que se ha vuelto clásico para el estudio de la economía y la sociedad de inicios del siglo XX es Apogeo y crisis de la República Aristocrática de Manuel Burga y Alberto Flores-Galindo. Otro trabajo importante que es recomendable es Ciudadanos reales e imaginarios de Sinesio López.
[5] Para conocer el movimiento obrero y su proceso de luchas, consultar a Dennis Sulmont, El movimiento obrero peruano 1890 – 1979 (Tarea, 1979). Con respecto a la movilización campesina durante el siglo XX ver Manuel Burga y Alberto Flores-Galindo “Feudalismo andino y movimientos sociales” (colección Historia del Perú, tomo XI, editada por Juan Mejía Baca, 1980). 
[6] Sobre el pensamiento elitista y aristocrático de inicios del siglo XX podemos consultar a Jaime Cerrón Palomino “Filosofía en el Perú contemporáneo” (En: Historia y filosofía de la educación peruana y universal, 1989) y David Sobrevilla “Las ideas en el Perú contemporáneo” (En la colección Historia del Perú de Juan Mejía Baca, tomo XI, 1980). 
[7] Una síntesis sobre la mentalidad señorial en el Perú es “Economía y sociedad en el Perú colonial. Movimiento social” de Carlos Lazo y Javier Tord en la colección Historia del Perú, tomo V (1980), aunque se refiere al periodo colonial, hay una comprensión de la subjetividad que hasta nuestros días hay rezagos. Para el periodo que estamos estudiando (siglo XX) ver Burga y Flores-Galindo, Apogeo y crisis de la República Aristocrática y el estudio de Carlos Delgado, Problemas sociales en el Perú contemporáneo (Instituto de Estudios Peruanos, 1971).
[8] Sobre la naturaleza de la oligarquía peruana y su influencia política y social consultar al debate que organizó el Instituto de Estudios Peruanos entre  François Bourricaud, Jorge Bravo Bresani, Henri Favre y Jean Piel que esta compilado en el texto La Oligarquía en el Perú (Lima, 1969). También se puede ver el trabajo de Dennis Gilbert, La oligarquía peruana: Historia de tres familias (Horizonte, 1982).
[9] Los detalles sobre los acontecimientos políticos en la “República Aristocrática” los encontramos en Jorge Basadre, Historia de la república del Perú, tomo IX (edición de 1968).
[10] Julio Cotler llama al “Oncenio” como la “consolidación de la dominación imperialista”. Ver en Clases, Estado y nación en el Perú, capitulo 4.
[11] Para un mayor conocimiento de este debate se sugiere ir a las fuentes primarias con El Antiimperialismo y el APRA (Biblioteca Amauta, 1971) de Haya de la Torre e Ideología y política (edición de 1972) de José Carlos Mariátegui.
[12] El proceso económico en el Perú, tanto en momentos de auge como de crisis, es muy estudiado en dos trabajos que son los pilares para la historia económica del Perú contemporáneo: Rosemary Thorp y Geoffrey Bertram, Perú: 1890 – 1977. Crecimiento y políticas en una economía abierta (Lima, 1985) y Gianfranco Bardella, Un siglo en la vida económica del Perú, 1889 – 1989 (Lima, 1989).   
[13] Un análisis crítico y que realiza una breve síntesis sobre las situaciones políticas en el Perú lo hace Julio Cotler en “La crisis política (1930 – 1968)” (En: Nueva Historia general del Perú, publicado por Mosca Azul editores en 1980).
[14] Para un estudio más profundizado sobre la burguesía mercantil consultar a Baltazar Caravedo Molinari, Burguesía e industria en el Perú 1933 – 1945 (Instituto de Estudios Peruanos, 1976). 
[15] La explicación sobre situación conflictiva en el gobierno de Bustamante lo hace Gonzalo Portocarrero, De Bustamante a Odría. El fracaso del Frente Democrático Nacional: 1945 - 1950 (Lima, 1986).

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